Qué información pública se puede consultar sobre una empresa o una persona en México

Esta nota marca la raya entre lo que es consulta pública y lo que está reservado. No es asesoría de protección de datos ni una invitación a reunir expedientes de personas. Claridad no accede a bases reservadas, no interviene comunicaciones y no suplanta identidades.

Sobre una empresa mexicana hay bastante que es público, porque el comercio necesita que ciertos actos se conozcan frente a terceros. Sobre una persona, el mapa es más corto. Esta nota dice qué se puede consultar con una fuente oficial, qué se le puede pedir a la propia contraparte, y qué no está a la venta aunque alguien lo ofrezca.

Empresas: el registro mercantil

El punto de partida es el Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía, operado en el SIGER: rpc.economia.gob.mx. Su función es dar publicidad a actos mercantiles para que tengan efectos contra terceros.

Las preguntas frecuentes del registro explican la búsqueda: hace falta un usuario; se consulta por folio mercantil electrónico, denominación o razón social, o nombre de socio; y ver el folio puede exigir derechos de la entidad. Quien prometa el expediente de cualquier sociedad, hoy y sin trámite, no está describiendo el RPC. Lo que se lee es lo inscrito, no el organigrama ni los saldos de las cuentas.

El Diario Oficial

El Diario Oficial de la Federación publica actos de autoridad. Entre ellos están publicaciones del SAT relacionadas con los procedimientos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal. Una publicación es un documento: se busca por el nombre exacto y se guarda la fecha de la edición.

Que un nombre no salga en el DOF no significa que la sociedad sea nueva ni que no tenga un asunto en un fuero local. Significa que esa búsqueda no arrojó esa pieza.

Lo que el SAT hace público y lo que reserva

La página de contribuyentes publicados concentra lo que el SAT pone a la vista con nombre y RFC. En el artículo 69-B están los archivos de presuntos, definitivos, desvirtuados, sentencias favorables y el listado completo. En el artículo 69 están otros supuestos, entre ellos firmes, exigibles, no localizados, cancelados y sentencias. Cómo leer el 69-B, sin mezclarlo con el 69, está en cómo verificar si un proveedor está en la lista 69-B del SAT.

El primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación obliga al personal oficial a guardar reserva de las declaraciones y de los datos que suministran los contribuyentes o terceros, y de lo obtenido en facultades de comprobación. La reserva tiene las excepciones que el mismo artículo señala. Las listas con nombre y RFC son la parte que la ley manda publicar. La declaración, el detalle de los ingresos y el expediente de una auditoría no lo son.

La constancia de situación fiscal y la opinión de cumplimiento las genera el contribuyente en su propio canal. Pedirlas a la empresa con la que vas a contratar es legítimo, y es distinto de consultarlas por fuera del titular. Para contrastar un RFC que ya tienes, el SAT ofrece herramientas públicas de validación de la clave; eso no abre el expediente fiscal de la persona.

Garantías mobiliarias y datos abiertos

El Registro Único de Garantías Mobiliarias es una sección del Registro Público de Comercio para inscribir garantías sobre bienes muebles y consultarlas. No es un registro de cuentas bancarias. La Plataforma Nacional de Datos Abiertos publica bases de instituciones públicas, no el expediente de una empresa ni el patrimonio de una persona.

Personas: lo que sí es fuente abierta

De una persona, con cuidado de homónimos, se puede documentar lo que ella o una autoridad dejó en público:

• Su aparición como socia, accionista o apoderada en un folio del Registro Público de Comercio, si está inscrita.
• Una publicación a su nombre en el Diario Oficial o en las listas del SAT, si el RFC coincide.
• Prensa verificable: medio, fecha y texto, no un rumor reenviado.
• Lo que publicó en abierto en una red: una cuenta cerrada, un mensaje privado o un grupo al que no te invitaron no son fuente abierta.
• Boletines o listas de acuerdos que un poder judicial publica por su cuenta. Un boletín no es el expediente completo, y no todos los juzgados publican lo mismo.

Eso es huella pública. Se cita con la dirección y la fecha de consulta. No se presenta como si fuera una sentencia, ni como si fuera “todo lo que hay”.

Personas: lo que no está a la venta

La información bancaria no es consulta de particulares. El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito trata como confidencial la información de las operaciones y servicios, y la institución solo puede dar noticias al titular, a sus representantes o a quien tenga poder sobre la cuenta, más las autoridades que el mismo artículo enumera. Un despacho privado no es una de esas autoridades.

Tampoco lo es el detalle fiscal que cubre la reserva del artículo 69, ni el correo, el teléfono o la mensajería privados. Leer lo que alguien publicó para todo el mundo es una cosa. Entrar a una cuenta cerrada, o suplantar a la persona o a una autoridad para que alguien suelte un dato, es otra, y no la hacemos.

No ofrecemos acceso a bases reservadas de antecedentes penales ni un historial descargable de un tercero. Las constancias las expide la autoridad competente. Lo revisable aquí, cuando existe, es lo que un juzgado haya publicado en sus listas. Un boletín no es el expediente.

Qué sí entra en un encargo de antecedentes

El servicio de antecedentes de personas físicas está armado en tres niveles, y cada uno incluye lo del anterior. El esencial, en $18,000 MXN y 5–7 días, cubre verificación de identidad y domicilio, registros públicos, sanciones y publicaciones oficiales, y prensa. El ampliado, en $42,000 MXN y 8–12 días, suma verificación laboral y educativa, huella pública en redes y análisis financiero con fuentes públicas. El integral, en $78,000 MXN y 12–15 días, suma entrevistas con referencias, un informe extendido y una sesión de lectura con seguimiento.

La verificación laboral o educativa se documenta con lo que la persona, el empleador o la institución confirman, o con lo público. No abre un archivo de recursos humanos. La entrevista es con la referencia que se señala, no un seguimiento. El análisis financiero del nivel ampliado usa fuentes públicas, no movimientos bancarios de un tercero.

Si el caso es una empresa y no una persona, el camino es el due diligence corporativo.

Datos personales

Reunir lo anterior para un informe es tratar datos de alguien. El aviso de privacidad explica qué recibe Claridad, para qué, y cómo se ejercen los derechos ARCO. No vendemos datos ni aceptamos encargos de acoso, violencia o discriminación. Si la revisión que pides no se puede hacer con fuentes públicas y con documentos que tengas derecho a entregar, te lo decimos en la primera conversación —que no se cobra— por el formulario o por Telegram.

Fuentes

• Registro Público de Comercio y SIGER, Secretaría de Economía.
• Preguntas frecuentes del RPC, sobre usuario, consulta pública y derechos locales.
• Diario Oficial de la Federación.
• Contribuyentes publicados del SAT.
• Código Fiscal de la Federación, artículo 69, primer párrafo, reserva de declaraciones y datos de comprobación.
• Registro Único de Garantías Mobiliarias.
• Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
• Ley de Instituciones de Crédito, artículo 142, confidencialidad de las operaciones y servicios. El PDF de la Cámara indica como última reforma la publicada en el DOF el 14 de noviembre de 2025.